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Una Concejal del PP de Getafe se niega a cumplir una sentencia judicial firme

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Inmaculada Lázaro, tercera por la izquierda
Inmaculada Lázaro, tercera por la izquierda con los brazos cruzados
  • El 28 de octubre se celebró un nuevo juicio para ejecutar la sentencia ante la resistencia de los Concejales del Partido Popular de Boadilla en los años 2007-2010 para cumplir la sentencia y devolver el dinero al Ayuntamiento de Boadilla
  • Los concejales deben devolver 88.000 euros más los intereses de demora desde el año 2013, fecha en la que es firme la sentencia

Inmaculada Lázaro Muñoz, actual concejal del Partido Popular de Getafe, se niega a cumplir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que confirma la condena al grupo municipal del ex alcalde de Boadilla de Monte, Arturo González Panero, El albondiguilla, imputado en el caso Gürtel, y a los otros 15 concejales del PP elegidos en 2007, entre los que se encontraba Inmaculada Lázaro, a devolver 88.000 euros, más intereses, recibidos en subvenciones ilegales. Esta decisión judicial confirmaba una sentencia anterior del Juzgado de lo contencioso-administrativo número 18 de Madrid y otras dos similares del propio TSJM, una de las cuales fue recurrida por el actual Ayuntamiento de Boadilla, gobernado por Antonio González Terol, también del PP.

En el año 2010 se produce la primera sentencia, tras la denuncia presentada por el concejal portavoz del grupo municipal Alternativa por Boadilla (APB) Ángel Galindo, y a su vez abogado del denunciante que destapó el Caso Gürtel, que consideraba que el grupo municipal del Partido Popular se había constituido de forma ilegal, por lo tanto “no debieron recibir las asignaciones como grupo municipal”, que constaban de 1.500 anuales para el Grupo municipal y 2.000 euros anuales por cada concejal del grupo.

La sentencia del TSJM fechada en enero de 2014, contra la que no cabía recurso, confirmaba la condena y rechazaba el recurso presentado por el Ayuntamiento de Boadilla, que alegaba que si el grupo popular había sido considerado ilegal, se debería haber integrado a sus concejales en el grupo mixto «por ministerio de la ley» y por tanto podrían haber cobrado las subvenciones.

En la sentencia del Tribunal Superior se explicaba que «se declaró la nulidad de la constitución del grupo popular, pero en ningún caso la citada sentencia declaró que la consecuencia era que los concejales del grupo municipal popular pasasen a formar parte del grupo mixto» por lo que precisa que «la cuestión alegada por los apelantes la debieron plantear anteriormente«.

Por lo tanto, los 16 concejales del PP debían devolver las subvenciones aprobadas pagadas por el Ayuntamiento, que se elevaban a 2.000 euros anuales por cada concejal durante los años del 2007 al 2010.

El actual alcalde de Boadilla, Antonio González Terol, ha defendido con los abogados municipales del Ayuntamiento al anterior grupo municipal del Partido Popular para que no devolvieran estas cantidades cobradas, declaradas ilegales, a las arcas municipales. Se da la circunstancia que, además de alcalde, González Terol es diputado en la Asamblea de Madrid al haber ido en la lista electoral de Cristina Cifuentes.

Nuevo Juicio para ejecutar la sentencia

Ante la resistencia de los concejales del Partido Popular de Boadilla para cumplir la sentencia y devolver el dinero a las arcas municipales del Ayuntamiento de Boadilla, el pasado 28 de octubre se celebró una nueva vista, que tenía que haberse celebrado el 14 de octubre pero que se postergó por la imposibilidad del Juzgado de llevarla a cabo.

Inmaculada Lázaro Muñoz, en calidad de «interesada» no compareció a la vista sino que fue representada por abogado y procurador. Se le pedía a ella, y al resto de concejales, que abonaran de forma mancomunada 105.000 euros, hecho que se niegan a cumplir. En la vista pública celebrada en el Juzgado de Gran Vía, se escuchó como el juez les advirtió en repetidas ocasiones que los intereses legales siguen aumentando «día a día» desde el año 2013, fecha de la orden de ejecución de la sentencia.

Se espera que haya nueva sentencia en un plazo de entre quince días y un mes. Si para entonces no se han abonado las cantidades pendientes, a partir de ese momento, se podrán cobrar las cantidades adeudadas a través del correspondiente embargo.

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